Los anticoagulantes orales son medicamentos que evitan la formación de coágulos en el interior de los vasos sanguíneos. Por eso, quienes los toman se protegen de sufrir un ictus o una trombosis. Son considerados uno de los tratamientos que más vidas han salvado a lo largo de su historia de uso y lo siguen haciendo.
Sin embargo, un manejo correcto es vital pues son medicamentos que conllevan un elevado riesgo, el más frecuente es la hemorragia. De ahí la importancia de que profesionales sanitarios, pacientes e instituciones sanitarias trabajemos coordinadamente por la salud de las personas que viven anticoaguladas en nuestro país.
Cerca de un millón de personas toman anticoagulantes orales en España , cifra que aumenta cada año como consecuencia del envejecimiento de la población y el aumento de los factores de riesgo vascular. Debido a este tratamiento, estos pacientes son más vulnerables ante una emergencia médica o una intervención quirúrgica, pues un mal seguimiento puede provocar ictus o hemorragias.
La Ley 26/2003 de Cohesión y Calidad del SNS establece el marco legal para garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el SNS para reducir las desigualdades en salud. Otras muchas leyes regulan los derechos de los pacientes en nuestra sanidad y en el caso de la anticoagulación, desde la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) se indica que los derechos se ven vulnerados y propone adoptar las siguientes medidas:
- Incluir la financiación de los ACOD para los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa.
La financiación pública de los anticoagulantes de Acción Directa (ACOD) no está cubierta para los pacientes que han sufrido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, aunque han demostrado su eficacia y seguridad para esa indicación. La única alternativa son los anticoagulantes Antivitamina K (AVK) y, si no funcionan, no existe alternativa que no sea que el paciente lo pague de su bolsillo. - Eliminar el visado de inspección para garantizar el acceso igualitario.
El acceso a los anticoagulantes de acción directa está sujeto a un visado de inspección que con más o menos restricciones según la CCAA. En Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias el médico de familia no puede visarlo, aunque en el resto de CCAA, sí. “Las administraciones sanitarias autonómicas actúan irresponsablemente introduciendo desigualdades entre unos pacientes y otros”, aseveró Martínez. - Incluir el Autocontrol TAO en la Cartera de Servicios Básicos del SNS.
El sistema de autocontrol con coagulómetros portátiles para anticoagulados con AVK no lo cubre la Cartera de Servicios del SNS pese a disponer de la suficiente evidencia de seguridad y coste-eficacia y aumentar la autonomía del paciente. Algunas CCAA lo han introducido de forma limitada lo que conlleva desigualdades entre pacientes de unas CCAA y otras e incluso entre pacientes de un hospital a otro. - Potenciar la formación continuada de profesionales sanitarios y facilitar la prescripción de los ACOD para los pacientes candidatos.
El control del INR (índice para medir a los pacientes anticoagulados) con AVK es deficiente, según lo demuestran múltiples estudios. “Más de la mitad de los pacientes no consiguen un control adecuado, lo que significa que la seguridad del paciente no está garantizada”, aseguró el presidente de los pacientes.
